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Negociación Colectiva del sector público en Colombia, un derecho que se niegan a cumplir.

Actualizado: 2 de dic de 2019

Desde la Presidencia de la República de Colombia, Departamentos como Risaralda, Norte de Santander, Chocó, Santander, Boyacá, hasta ciudades y municipios como Bogotá, Yopal, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga y Chía; sus mandatarios han negado el derecho constitucional que tienen las organizaciones sindicales y sus trabajadores a ser escuchados en espacios de diálogo social para alcanzar condiciones de trabajo decente en el país.


Ministra del Trabajo Alicia Arango y Ministra de Justicia Margarita Cabello, durante el proceso de Negociación Estatal 2019

Fotografía: @usctrab


La Constitución Política de Colombia, en el artículo 55 garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo; este derecho también es ratificado por la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 151; reglamentado bajo el Decreto 160 de de 2014, que estipula que las organizaciones sindicales radicarán pliego dentro del primer bimestre del año, la entidad y autoridad pública competente a quien se le haya presentado pliego, dentro de los dos días hábiles siguientes al último día del primer bimestre, con copia al Ministerio del Trabajo, informará por escrito los nombres de sus negociadores y asesores, el sitio y hora para instalar e iniciar la negociación dentro de los cinco días hábiles después de la designación de los negociadores.

Esta es la radiografía de la respuesta por parte de las entidades del sector público que se negaron a establecer los procesos de diálogo social con los trabajadores del país.


¿Cómo afecta a los trabajadores del país la vulneración del Derecho de Negociación Colectiva?

Por otro lado, Ximena Guerrero, Directora del Departamento de Negociación Colectiva CTU - USCTRAB afirmó “la afectación de este derecho es negar la posibilidad de armonizar y mejorar las condiciones laborales en un proceso constructivo que permite una participación activa y determinante de los trabajadores, representados por las organizaciones sindicales en aras de eliminar la imposición arbitraria, la desigualdad y las condiciones de trabajo que van en contravía de lo contemplado por la Organización Internacional del Trabajo en temas de trabajo digno y decente”

¿Cuáles son las consecuencias legales para los mandatarios?

Carolina Montagut, Jefe del Departamento Jurídico manifestó que “los mandatarios que se nieguen a establecer procesos de diálogo social en Colombia con las organizaciones sindicales pueden estar expuestos a procesos disciplinarios, a través de investigaciones que inicia la procuraduría, de igual manera, se recurre a la herramienta constitucional de la acción de tutela como mecanismo que garantiza el cumplimiento de los derechos ante su eventual vulneración” el caso más reciente de las implicaciones legales de no respetar el derecho a la Negociación Colectiva, se conoció en el pasado mes de septiembre de 2019, cuando una Juez Cuarta de Familia ordenó cinco días de arresto para el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández por desacato de tutela interpuesta por la Asociaciòn de Servidores Públicos ASDEM, organización sindical filial a la Central del Trabajo CTU - USCTRAB, que ordenaba desarrollar el proceso de negociaciòn colectiva para los trabajadores de la Alcaldía de la Capital Santanderiana.

Por:

Leuman Carrillo

Periodista CTU - USCTRAB

@leumancarrillo








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