• Yamile Garzón - Presidenta Fedeusctrab Nacional

Derechos humanos y bioética en el centro de la pandemia

Actualizado: may 23

Traer a colación los derechos humanos (como guía de acción práctica) y la bioética (como análisis del deber ser) es la clave para entender el epicentro de la crisis en Colombia, pero también el respiro o posible salida a las situaciones problemáticas, derivadas de la rápida expansión del virus COVID 19.




Parece obvio, pero como dicen las madres, empecemos por el principio. Existen derechos humanos porque hay seres humanos habitando el planeta, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece “la obligación de los Gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de emprender ciertas acciones, para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos”.[1] Los derechos humanos han implicado cada vez mayores niveles de conciencia en la gente, en las organizaciones sociales y sindicales, y para los Estados deben ser la guía o los lineamientos a cumplir en medio de la actual pandemia.


La ONU -Organización de las Naciones Unidas- efectuó la primera declaración de los derechos del hombre en 1948 luego de la segunda guerra mundial, en 1951 se asumió como Declaración Universal de los Derechos Humanos y es acogida por los Estados que hacen parte de este organismo, entre ellos Colombia, quien es miembro fundador desde 1945 y quien ratificó la carta de las Naciones Unidas en el mismo año[2].


En su artículo 25 esta declaración establece el derecho de TODOS los seres humanos a tener condiciones de vida adecuada que le garanticen a su núcleo familiar, los cuidados médicos y los servicios sociales necesarios, recalca también que la infancia tiene cuidados y asistencia especial, en suma, nos recuerda que las personas son iguales en sus derechos y que todos tenemos derecho a tener la misma protección social.


La bioética de su parte, es un campo de conocimiento que en su expresión más simple como lo señaló Guillermo Hoyos (2010), se pregunta por la vida y el futuro de la naturaleza humana respecto a todas las dimensiones de existencia, incluyendo por supuesto la naturaleza o la biota –en el entendido de una relación de dependencia-. Para ello es preciso la perspectiva dada desde la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos[3]


Quiero señalar estas dos categorías existentes e interrelacionadas (Derechos Humanos y Bioética) para interpelar algunas discusiones suscitadas entre las personas, por supuesto en redes sociales y medios de comunicación, en los últimos días con relación a la enfermedad por el COVID 19, partiendo de las situaciones que se ponen en discusión VS lo que debería ser, asumiendo el deber ser, como un deber moral.


Se ha insinuado sobre las priorizaciones en la atención médica hospitalaria a su vez que la atención social asistencial (quiénes deben atenderse primero en los hospitales y en las subvenciones públicas) incluso algunos gobernantes han insinuado que no es su responsabilidad velar por la completa atención a la población migrante, o que debemos priorizar en la atención hospitalaria a personas de determinada edad. La responsabilidad de los gobiernos, es que se adelanten todas las respuestas necesarias para todas las personas, sin discriminación, es decir, debe atenderse a todos bajo la protección del Estado, así está consignado en los pactos internacionales suscritos y estos deben prevalecer y ser cumplidos a cabalidad, y no parcialmente.


La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos en su Art. 3 señala que se “habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad”. Allí se plantea el respeto y la valoración de las personas en igualdad, no se prioriza a los jóvenes sobre los mayores, o a los nacionales sobre los extranjeros. Carecen de sensibilidad y razonamiento los medios de comunicación cuando aducen a este aparente dilema ético.


Recordemos que las normas internacionales tienen carácter erga omnes (término que se utiliza para describir obligaciones o derechos para todos) y que este carácter es reconocido por la Corte Internacional de Justicia, quien ya se pronunció sobre la protección contra la discriminación (Memeti A., y Nuhija B., 2013). Anteponer unas atenciones médicas o asistenciales sobre otras, atentan contra la dignidad humana.


En este mismo sentido, incluso la iglesia católica ha señalado que “a cada ser humano, desde la concepción hasta la muerte se le debe reconocer la dignidad de persona. Este principio fundamental expresa un gran SI a la vida humana”[4] por tanto, un ser humano que no se indigna en su ser, cuando se atenta contra la dignidad y la vida de otros y clama por reglas económicas que prioricen el costo- beneficio como se ha manifestado en redes sociales, denota que ha sido “educado en función de la economía, la productividad, la competitividad y la ganancia, [quien] termina por ser medio, instrumento en la lógica de la racionalidad estratégica” (Hoyos G., 2010)


Fotografía: Archivo Partícular


¿Se pueden justificar acciones de vulneración con caso de la pandemia? La respuesta obvia es no, pero como nada es obvio…Es imperativo que el Estado colombiano a través de los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, tomen las medidas y recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la OIT frente a la atención de personas en condición de vulnerabilidad social y económica, en especial a los trabajadores quienes son el sector más golpeado por la crisis y la enfermedad.


Las recientes cifras del ministerio de trabajo revelan casi mil quejas por terminación de contratos[5], es muy grave que se use una enfermedad por el COVID 19 como excusa para pauperizar más el país, ello incluye despidos de trabajadores, así como el uso de los recursos destinados a la pensión de los mismos, para cubrir gastos médicos hospitalarios (puesto que ni siquiera va destinado al salario de los médicos).


El Art. 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”. La declaración es lo suficientemente ilustradora, no da paso a defender medidas para proteger a los bancos por encima de las personas, ni a corporaciones económicas como en el caso de las aseguradoras cuyas ganancias superaron los 451 mil millones de pesos en 2019[6], y quienes se niegan (con el beneplácito del ministerio de trabajo) a reconocer el COVID 19 como enfermedad laboral para los trabajadores que se infecten, y quienes no pueden eludir la responsabilidad laboral, siendo los más vulnerables. Desde la Confederación de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo, CTU- USCTRAB, hemos insistido y nos mantenemos en ello, así como en que el ministerio de trabajo actué a favor de los trabajadores.


La salida o alternativa no es la eugenesia social, como un “estado de excepción permanente al cual están sometidos los conjuntos poblacionales” (Fränkel D., 2008) donde a miles de seres humanos se les deja morir en vida por no prestar servicios médicos o asistencia social, acuñando agendas biopolíticas de desigualdad condenándonos a la in- dignidad de vivir en condiciones mínimas de sobrevivencia, y en donde el Estado legítima las políticas sociales de selectividad, cuando en la salud por ejemplo, promueve el bienestar, el logro de mejor calidad de vida, el cuidado de ‘sí mismo’, pero es inequitativa porque la brecha social se amplía cada vez más y el acceso a la atención compromete recursos y gastos de bolsillo de la población [cuida de ti mismo, si tienes dinero].


La salida es un llamado- exigencia a los gobiernos a aplicar la justicia social promulgada por la OIT desde su creación en 1919, en donde “los actores del sistema de producción trabajen juntos en aras de sociedades justas e integradoras, basadas en el trabajo decente y productivo, en las que se respeten los derechos, se escuchen las necesidades y se abran vías de realización personal y de progreso”[7].


La concepción la justicia social es sinónimo de bienestar, asumido desde seis dimensiones fundamentales como las propuestas por Powers & Faden (2008): 1) la salud [no desde la ausencia de enfermedad] que incluye los determinantes sociales según OMS[8], 2) la seguridad personal, como posibilidad de ser y estar en cualquier lugar sin temor, 3) el pensamiento, como capacidad de análisis crítico, de imaginar, y de formar un sistema de creencias [virtudes intelectuales según Aristóteles], 4) el respeto, que implica el tratamiento de los demás como seres morales dignos y que merecen la misma preocupación moral, 5)los lazos de apego y afecto, [lo que Nussbaum llama “afiliación”] esta dimensión permite la amistad, el amor, el compañerismo, la solidaridad y el cuidado del otro, y finalmente 6) la autodeterminación, como la posibilidad de tomar decisiones libres e informadas.


En el centro de estas dimensiones está el trabajo decente, que en palabras del ex director de la OIT Juan Somavia (1999), abarca la existencia de empleos suficientes (como posibilidades de trabajar), la remuneración, la seguridad en el trabajo y las condiciones laborales salubres, así como la seguridad social y la seguridad de ingresos. El brindar estos requisitos mínimos para las personas, sin discriminación por nacionalidad o condición social, posibilitaran junto con la aplicación de los derechos humanos, la justicia social y el bienestar [pilar de la bioética], alcanzar una vida digna y plena, en medio de la actual pandemia por enfermedad COVID 19 y las crisis subsiguientes.

Fuentes

Fränkel, D.M. (2008). Eugenesia social en tiempos del genoma: intervenciones totalitarias del poder. Psicología, Argumento. 26(54), 245- 265.

Hoyos-Vásquez, G. (2010). Educación en Bioética: ciudadanía y mundo de la vida. Anamnesis, N 4, 6-12.

Memeti A., y Nuhija B. (2013). The concept of erga omnes obligations in international law. New Balkan Politics, 14, 31-47.

Powers F., y Faden R. (2008). SOCIAL JUSTICE. The Moral Foundations of Public health and health policy. New York: Oxford University Press.

Somavia, J. (1999) en Trabajo decente: Conceptos, modelos and indicadores, documento de trabajo núm. 139 del Instituto Internacional de Estudios Laborales (Ginebra, 2002). Publicado en Revista Internacional del Trabajo, vol. 122, núm. 2 (2003)


Por:

Yamile Garzón

Presidenta Fedeusctrab Nacional

@YamiGarzonRi


[1] https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-rights/index.html [2] https://www.cancilleria.gov.co/juridicainternacional/normas [3] http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [4] Congregación para la doctrina de la Fé: Dignitas Personae (2008). [5] https://www.usctrab.org/post/se-incrementa-los-despidos-masivos-de-trabajadores-en-tiempo-de-coronavirus-en-colombia [6] https://www.cronista.com/apertura-negocio/inversiones/Los-ganadores-del-2019-en-el-mercado-asegurador-y-las-proyecciones-para-el-2020-20191219-0009.html [7] La Organización Internacional del Trabajo y la lucha por la justicia social, 1919-2009. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_104680.pdf [8] https://www.who.int/social_determinants/es/

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