• Yamile Garzón - Presidenta Fedeusctrab Nacional

Controversia legislativa

"En los últimos meses de pandemia el gobierno de Iván Duque ha expedido más de 100 decretos (sin contar con las resoluciones o decretos regionales y locales), que buscan regular los distintos escenarios de la vida política, económica, y social, en todo el territorio nacional. Ahora bien, es pertinente efectuar un análisis global sobre el alcance normativo de las actuaciones del gobierno nacional. Desde mi particular forma de verlo, las normas han sido insuficientes y en contravía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras"

Fotografía: Infopresidencia



A propósito de una pregunta hecha por el compañero que coordina el equipo legislativo en la Central CTU- USCTRAB sobre el balance de las acciones gubernamentales en medio de esta crisis, surgió la reflexión respecto al alcance de las medidas; es decir, me preguntó qué opinaba sobre las medidas tomadas por el gobierno para atender la pandemia, mi respuesta inmediata fue que son insuficientes e irrisorias frente a la realidad. He aquí la justificación de ello.


En los últimos meses de pandemia el gobierno de Iván Duque ha expedido más de 100 decretos (sin contar con las resoluciones o decretos regionales y locales), que buscan regular los distintos escenarios de la vida política, económica, y social, en todo el territorio nacional. Ahora bien, es pertinente efectuar un análisis global sobre el alcance normativo de las actuaciones del gobierno nacional. Desde mi particular forma de verlo, las normas han sido insuficientes y en contravía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y de los sectores con mayor golpe por la desigualdad del modelo [capitalista]. Veamos:


Los sectores a los que Jorge Eliecer Gaitán denominaba “rancia oligarquía colombiana”, hacía en los 40´s y sigue haciendo referencia, a un grupo de familias que han heredado el poder en Colombia desde hace siglos. Este grupo de personas que hoy son presidentes o expresidentes, gobernadores, ministros y latifundistas, que controlan más del 60 % de la extensión territorial de Colombia[1], se han negado histórica y sistemáticamente a cualquier arreglo social justo que redistribuya las riquezas que generan los trabajadores en todo el país.


La constitución de 1886, no logró resolver el problema del centralismo en Colombia, ni las 9 guerras civiles libradas en ese siglo por la tierra, el acuerdo de paz que puso fin a la guerra de los Mil Días tampoco logró “establecer un sistema de división territorial que resolviera satisfactoriamente los desequilibrios fiscales, las grandes imperfecciones en la administración de justicia y los desbalances en la representación política” (Medina y Sánchez 2003), problemas que aún un siglo después persisten generando desigualdades abismales entre Bogotá y la Guajira, por ejemplo.


Esta negativa a redistribución de recursos y de justicia ha generado un sistema de salud absolutamente fracasado que no da respuesta a las necesidades o situaciones nacionales de cara hoy a la pandemia.

Estas medidas normativas expedidas por el gobierno, lo que hacen entonces es revictimizar de forma crónica a quienes ya están castigados con pobreza y exclusión, por falta de medidas reales de redistribución de recursos y de equidad. Y las actuales medidas legislativas no buscan cambiar el actual sistema se salud (que hubiera podido hacerse con voluntad política en medio de las medidas de estado de excepción).

Las medidas tomadas tampoco garantizan a las familias que hacen parte de las estadísticas de pobreza monetaria y multidimensional que en cifras oficiales (siempre cuestionables) superan el 20% del total del país, el acceso a servicios sociales básicos. El programa de alimentación como han denunciado cientos de personas en redes sociales fue un fracaso porque no llegó a las familias destinadas y porque solamente infla las cifras de bancarización para convertirse en un indicador de organismos multilaterales (si durante la pandemia más ciudadanos accedieron a tener relación con un banco, es porque hay mayor capacidad de endeudamiento).


Las medidas tampoco fueron capaces de proveer vivienda o un techo transitorio por lo menos, para las familias que contaran con niños, quienes siguen viviendo en las calles sin protección alguna, como lo demostró la movilización de más de 200 indígenas de la comunidad Embera que reclaman techo para sobrellevar la pandemia; por el contrario se firmó un contrato para demoler instalaciones nuevas de un auditorio en el San Juan de Dios,[2] que hubiera podido convertirse no en un hospital de cuarto nivel, pero si por lo menos en habitaciones de albergue transitorio para situaciones como esta.


Uno de los primeros sectores en “entrar” en aislamiento fue el educativo, evidentemente los grupos escolares que hoy superan en ciudades como Bogotá curso de más de 40 estudiantes es imposible mantenerlos en un mismo espacio. Sin embargo, la realidad de estudiantes y maestros es un desastre, ambos sin posibilidades de conectividad a internet, ni equipos, ni tiempos claros, la saturación de tareas, las plataformas desconocidas para las comunidades y una gran cantidad de familias en donde impera el hambre no hay posibilidad de pensar en ecuaciones. En fin, medidas pedagógicas insuficientes para más de un millón de personas, ello solamente en las instituciones de educación pública.


Muchos de los cuestionamientos respecto a las medidas, están relacionadas con la cantidad de presupuesto que se destina para resolver los problemas, en países como Perú [ligeramente más centralizado que nuestro país] la cifra responde al 17% del P.I.B., en Colombia la cifra no alcanza el 2%,[3] en matemáticas simples de 100 pesos ni siquiera 2 pesos para tender la situación derivada de la enfermedad. Vale la pena entonces cuestionar ¿por qué un gobierno no destina más recursos para atender población vulnerable?


Fundamentalmente, es por los compromisos del estado colombiano con las corporaciones y sectores financieros que como quedó demostrado no hicieron nada, excepto aplazar las cuotas de créditos un mes, o donar 80 millones como en el caso Sarmiento Angulo cuando sus ganancias ascendieron a 3.000 millones de dólares[4]. El gobierno nacional no ha efectuado una sola acción a favor de resolver la catástrofe económica que viven millones de trabajadores, en especial los de la economía informal, el banco de la república no ha movido un dedo, no se han establecido tributaciones para quienes poseen riquezas y privilegios económicos, no se ha pedido siquiera suspensión o renegociación de la deuda externa. Mucho menos pensar en políticas de reactivación económica.


El ministerio de hacienda quiere por el contrario impulsar reformas laborales para salvar a las grandes empresas de las pérdidas generadas en dos meses, sacrificando a los pocos trabajadores y trabajadores que poseen una mediana estabilidad laboral.

Prueba de ello es que ninguna medida favorece a las pequeñas y medianas industrias nacionales (PYMES), proponiéndoles únicamente créditos en bancos =(, con poca posibilidad real de acceder a ellos.


En suma, las medidas tomadas en ningún momento favorecen a los sectores populares, por el contrario, como se demostró, las medidas van encaminadas a proteger los grandes monopolios y adinerados. Tristemente, como señalo Gaitán la rancia oligarquía colombiana que esta tras los hilos del poder de cada gobierno [o lo ejerce], es la responsable del genocidio al que están llevando a los trabajadores bajo medidas de estado de excepción.


Por:

Yamile Garzón

Presidenta de Fedeusctrab Nacional

@YamiGarzonRi


REFERENCIAS

Medina M, y Sánchez E,. (Eds). (2003). Tiempos de paz. Acuerdos en Colombia, 1902 – 1994. Bogotá- Colombia: IDCT

[1] https://www.alainet.org/es/active/21869 [2] https://periodismopublico.com/indignacion-frente-a-la-posible-demolicion-del-hospital-san-juan-de-dios [3] https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-analisis-de-recursos-invertidos-a-mitigar-la-pandemia-en-colombia-y-la-region-488654 [4] https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/cuanto-ha-crecido-la-fortuna-de-luis-carlos-sarmiento-angulo-este-ano/280475

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